Nosotrxs, lxs abajo firmantes, creemos que los arreglos sociales, económicos, políticos y educativos actuales reproducen relaciones de poder que generan profundas desigualdades y, en última instancia, amenazarán la vida en el planeta. Defendemos las pedagogías alternativas y los sistemas educativos justos y regenerativos que apoyarán las transformaciones sociales que necesitamos para crear un mundo más rico, más equitativo y sostenible.

 

Las crisis globales, coexistentes e interrelacionadas, están empujando a la humanidad y al planeta viviente hacia el colapso político, social, económico y ecológico. Estas crisis, que se ven actualmente en la pandemia mundial de coronavirus, las desigualdades estructurales, la brutalidad policial y el racismo, el arraigado patriarcado, el caos climático acelerado y la amenaza constante de guerras, son impulsados globalmente por el capitalismo y el militarismo. Debemos aprovechar este momento histórico único para concebir y cambiar radicalmente la educación pública como punto de entrada para transformaciones más profundas que construirán la solidaridad humana y la cooperación y pondrán fin al racismo, el patriarcado y el capitalismo. Rechazamos la noción de que la prioridad de la educación es construir "capital humano". Afirmamos que las prioridades de la educación deben incluir ecosistemas regenerativos, y una mayor justicia social para las generaciones actuales y futuras. Esto requiere la creación de sistemas educativos justos, que sólo podemos lograr como parte de una lucha más amplia por la transformación social en todas las demás esferas, especialmente en la economía y en la política.

 

Las luchas progresistas son necesarias para formar nuevos contratos sociales que sirvan a los intereses colectivos de muchos, en vez de a los intereses propios de unos pocos. La historia humana refleja una serie de transiciones sociales complejas e interrelacionadas, moldeadas por las relaciones de poder: del agrarismo a la industrialización, pasando por la conquista colonial, las dictaduras autoritarias, el poscolonialismo, la globalización neoliberal y las revoluciones digitales, y la colusión entre el capitalismo de vigilancia y el estado de seguridad nacional que vemos hoy. Cada nueva clase dominante produce una ideología que perpetúa su dominio, justifica las desigualdades que invariablemente crea y fomenta el pesimismo de que no hay posibilidad de cambiar las cosas. Estas hegemonías ideológicas casi siempre implican la adhesión a, y crean sistemas educativos que refuerzan supuestos jerárquicos y concepciones binarias rígidas: humano/no humano, hombre/mujer, mente/cuerpo, secular/espiritual, superior/inferior, urbano/rural, nosotros/ellos - que asumen el derecho de conquista y de explotar el mundo natural y todas las especies vivientes. Los populismos contemporáneos autoritarios, nativistas, patriarcales y coloniales de colonos que emergen en todo el mundo a raíz de la globalización y el aumento de las migraciones debido al conflicto y el cambio climático agudizan estas oposiciones binarias y provocan inseguridades sociales para fortalecer su control.

 

Hoy en día, los sistemas educativos de todo el mundo se han forjado en la mentalidad del capitalismo neoliberal y las ideas de eficiencia, tasa de rendimiento, elección, competencia y crecimiento económico. Esta ideología otorga a las corporaciones supranacionales adineradas y a los multimillonarios un poder desenfrenado para remodelar la economía global y los sistemas políticos nacionales, perpetuando la actividad económica extractiva basada en el carbono y dando como resultado un consumo sin restricciones y la degradación crítica de los ecosistemas. Organizados de esta manera, los sistemas educativos sirven para reforzar y legitimar la desigualdad social, la segregación y la estratificación dentro y entre naciones. Sin embargo, por mucho que refleje las hegemonías predominantes, la educación es también un lugar fundamental de resistencia. Los estados autoritarios, sabiendo muy bien que la educación puede ser una fuerza de transformación, actúan rápidamente para utilizarla como una herramienta para garantizar el cumplimiento y el control.

 

En consecuencia, para muchxs niñxs y jóvenes, este mundo es sombrío. La calidad de la educación que reciben está cada vez más segmentada por la situación socioeconómica y la ubicación geográfica de sus familias. La educación está cada vez más organizada en mercados competitivos que crean y afianzan desigualdades de raza, clase y género, donde los proveedores y contratistas privados, así como lxs profesorxs y estudiantes compiten y se clasifican usando pruebas estandarizadas y eficiencia de costos: un modelo de educación mercantilizado financiado a través de presupuestos públicos limitados, centrándose en parámetros de resultados, la formación de capital humano y la tasa de rendimiento económico, y la relación calidad-precio. Este modelo refuerza el excepcionalismo humano, el prejuicio racial y la supremacía blanca, la denigración de la diferencia, la legitimación de las desigualdades económicas y políticas, el hiperindividualismo, el crecimiento económico desenfrenado, una recepción acrítica de la retórica publicitaria y el cumplimiento de un régimen autoritario. Una consecuencia es la extraña contradicción de que la población más educada en la historia de la humanidad está provocando colectivamente el colapso ecológico de los sistemas del planeta viviente, un acto de suicidio colectivo y ecocidio.

 

Durante los últimos treinta años, la promoción sostenida de la sociedad civil y los sindicatos de la educación impulsó al mundo a abrazar el derecho a la educación y la aspiración de la educación para todos: la escolarización obligatoria se ha expandido a niveles de escala sin precedentes, involucrando a casi dos mil millones de niñxs cada día. La mayoría de las familias asumen ahora que completar entre 8 y 12 años de escolaridad es esencial para el futuro de sus hijxs, y la mayoría de los gobiernos asumen que brindar educación pública gratuita a todos lxs niñxs y jóvenes es una política pública sólida. Pero no estamos ni cerca de lograrlo. En parte, las injusticias estructurales más amplias causadas por las últimas cuatro décadas de fundamentalismo de mercado han provocado una infrautilización sostenida del sector social, y han menospreciado toda actividad del gobierno como "ineficaz" y "derrochadora". En consecuencia, el financiamiento de la educación ha sido lamentablemente inadecuado y se requiere –y es posible– mucho más financiamiento, tanto de los gobiernos nacionales como de las organizaciones internacionales bilaterales y multilaterales.

 

No es que no haya dinero; los gobiernos siempre encuentran dinero para gastar en el ejército, la policía, la seguridad y la vigilancia y el bienestar empresarial. Para enfrentar esta ideología, debemos exponer la escasez como un mito y la austeridad como una elección política deliberada para impulsar la agenda de la privatización neoliberal. Si bien los objetivos de gasto en educación reflejan un consenso global, la mayoría de los gobiernos ni siquiera cumplen el objetivo de gastar el 20% de sus presupuestos o el 6% de su PIB en educación. La comunidad internacional ha prometido durante décadas gastar el 0,7% de su PIB en asistencia oficial para el desarrollo, pero asigna sólo una fracción de esta cantidad. Y todos estos objetivos subestiman enormemente la necesidad existente.

 

Necesitamos ganar estos argumentos en la esfera pública. El problema va más allá de la financiación. Las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), son instituciones neocoloniales que promueven las políticas neoliberales del llamado Consenso de Washington en todo el mundo. El FMI y el BM han tenido un papel importante en influir en la política educativa (y otras políticas sociales). En lugar de apoyar la educación, el FMI en realidad restringe el gasto de los países en la contratación de maestros y otros trabajadores del sector público. El BM pretende ser una fuente de asesoramiento objetivo basada en la investigación, pero durante las últimas cuatro décadas ha basado sus recomendaciones en su ideología neoliberal. Ya es hora de que una nueva conferencia de Bretton Woods considere una reforma importante del FMI y del BM.

 

Llamamos a un cambio radical. Todos los gobiernos deben establecer una educación pública gratuita desde la primera infancia hasta la educación superior que permita una reevaluación crítica, participativa y democrática de cómo pensamos y actuamos juntos en el mundo. Para brindar educación como un derecho humano se requieren sistemas públicos totalmente financiados, financiados de manera sostenible a través de sistemas tributarios redistributivos progresivos, nacionales y mundiales, con la asistencia incondicional de la comunidad internacional. El plan de estudios debería rechazar activamente la dócil complicidad del consumidor que alimenta el calentamiento global y la catástrofe climática. Arraigada en la comunidad, la educación debe ser culturalmente relevante y promover valores humanistas de antirracismo, antisexismo, solidaridad, cohesión social, empatía, imaginación, creatividad, realización personal, paz, administración ecológica y fortalecimiento de la democracia. Los docentes necesitan autonomía profesional, condiciones de trabajo de calidad y, a través de sindicatos y otras organizaciones, una voz importante en la formulación de políticas. Asimismo, los estudiantes y sus organizaciones representativas también deben tener voz en la toma de decisiones políticas y pedagógicas, reconociendo plenamente su derecho a la participación.

 

El mundo necesita una revisión radical de la educación que ayude a transformar y crear sociedades regenerativas. Esto requerirá un nuevo contrato social que valore el gasto social por encima del gasto militar y de seguridad, y vaya más allá de los estrechos intereses del sector empresarial, las empresas de tecnología educativa, las cadenas de escuelas privadas y otros actores de la educación empresarial. Llamamos a revertir el movimiento hacia la privatización de la educación y otros servicios sociales y mantener la lógica empresarial fuera de la educación y la formulación de políticas sociales. En cambio, nos basamos en luchas y lecciones de estudiantes y maestros organizados, el movimiento sindical en su conjunto, organizaciones comunitarias democráticas, incluidas asociaciones de minorías, migrantes y refugiados, así como medios de comunicación independientes, organizaciones y profesionales que compartan nuestro compromiso para promover la justicia en las sociedades reales y defectuosas en las que vivimos. Estos grupos ya han desarrollado alternativas para la justicia educativa, incluyendo escuelas y programas de educación no formal que apoyan la soberanía socialista, indígena y negra del siglo XXI, el decolonialismo, Black Lives Matter, abolicionista y pedagogías críticas.

 

La justicia en la educación depende del avance de los objetivos relacionados con la justicia en cuatro áreas:

1. Justicia social: fomento de la educación para la equidad, la transformación y una vida regenerativa

Los sistemas educativos deben reorientarse para abordar las desigualdades e injusticias en sus sociedades, fomentando la justicia racial, de género y de discapacidad, y modelos de inclusión que enseñarán cómo trabajar colectivamente e impulsarán la transformación de la educación y la sociedad.

 

2. Justicia climática: aprender cómo podemos vivir regenerativamente en el planeta

Necesitamos un Nuevo Acuerdo Verde Global y sistemas de educación pública que enseñen la ecología humana y los valores de administración que faciliten esta transformación tanto ahora como en el futuro.

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3. Justicia económica: financiación de la educación y otros servicios públicos en una economía transformada

El sistema económico debe satisfacer las necesidades reales de todas las personas centrándose en la equidad y las oportunidades, no en las ganancias. Esta pandemia debe marcar un cambio fundamental desde el capitalismo hacia la democracia en el lugar de trabajo, y una economía radicalmente redistributiva que priorice los impuestos e inversiones progresivas en servicios públicos para todos, a nivel nacional y mundial.

 

4. Justicia política: reformulación del compromiso político a todos los niveles

Necesitamos alejarnos del autoritarismo y el nacionalismo xenófobo. Debemos dinamizar la solidaridad global, cultivar la cooperación internacional y fortalecer los movimientos de base interseccionales globales. Necesitamos desarrollar democracias más inclusivas y participativas a nivel local, nacional y global.

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Estas ideas iniciales no apuntan a un espejismo utópico distante; más bien se basan en los pensamientos y acciones de muchos grupos y organizaciones progresistas de todo el mundo. Nosotrxs, lxs abajo firmantes, vemos estas ideas para una re-visión radical de la educación y la sociedad como direcciones necesarias para contrarrestar y superar las severas crisis que enfrenta el planeta.